Florencio Rodríguez / Secretario general de ASAJA Ciudad Real
Tras meses de intenso trabajo y negociaciones con los diferentes grupos parlamentarios, ASAJA ha logrado que se incluya una enmienda clave en la ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Gracias a esta iniciativa, los agricultores y ganaderos podrán volver a realizar contratos temporales de hasta 120 jornadas reales (límite anual por empresa) durante las campañas agrícolas, dotando así al sector de la seguridad jurídica necesaria para afrontar las necesidades específicas de cada temporada.
En concreto, ASAJA lo ha conseguido introduciendo en esta Ley ni más ni menos que una modificación de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Así, tras la última reforma laboral los agricultores y ganaderos pueden volver a realizar contratos temporales para atender situaciones ocasionales, previsibles y que tengan una duración reducida y delimitada. Ha sido un éxito de nuestra organización profesional agraria y se pondrá en práctica ahora, con el grueso de las campañas de recolección.
Eso sí, deberán ser nuevas contrataciones, porque los contratos con los fijos-discontinuos en vigor siguen activos hasta que no haya una renuncia escrita por parte del trabajador o hasta que el trabajador, tras haberle realizado el correspondiente llamamiento, no se reincorpore a la actividad, considerándose por la empresa que se ha producido la extinción de la relación laboral.
Unos logros que llegan tras el pulso constante que de unos años a esta parte tenemos que estar echándole a una normativa laboral que se hace de espaldas al campo. Como por ejemplo la propuesta del Gobierno para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Una decisión tomada en un despacho, impuesta sin estudio de impacto y sin diálogo con el sector agropecuario.
Quienes redactan estas medidas no conocen ni quieren conocer la realidad agraria. Se pretende imponer al campo español una medida completamente ajena a sus ritmos y necesidades, sin atender a sus particularidades ni a su delicado equilibrio económico y productivo. No parecen dispuestos a ensuciarse las botas ni a madrugar para ver cómo arranca una jornada en una explotación. Y eso, exactamente eso, es lo que indigna. Que se legisle desde la ignorancia. Que no se escuche a los que están a pie de campo, a los que generan empleo, a los que producen alimentos.
La jornada en el campo no se puede regular como en una oficina. El campo no puede trabajar con horarios cerrados. Trabajamos a demanda de nuestros cultivos y animales, lo que necesitan y cuando lo necesitan. Como si ordeñar ovejas, vendimiar o plantar cebollas pudiera hacerse con cronómetro en mano y cobertura 5G.
No solo implica una carga económica, sino también organizativa. A esta presión económica se añade otra dificultad: la escasez de mano de obra. No tenemos personal suficiente, y tampoco podemos trasladar este coste al precio del producto. El resultado es siempre el mismo: el agricultor asume la pérdida y el consumidor acaba pagando más en el supermercado.
Lo advertimos entonces y lo repetimos ahora: el campo no puede asumir este nuevo acelerón de costes laborales sin que se tambalee su viabilidad. Por eso, desde la organización agraria ASAJA estamos luchando con firmeza por la flexibilidad en la contratación y en la organización del trabajo en el campo, ajustada a la realidad agraria. ASAJA no se opone a la mejora de las condiciones laborales. Pero sí se opone firmemente a decisiones unilaterales, tomadas desde un despacho, que elevan los costes, hunden la competitividad y comprometen el empleo en el sector agrario. El campo no necesita más trabas. Necesita estabilidad, diálogo y sensatez. Y, sobre todo, necesita que lo dejen trabajar.
