Juan José Rubio Guerrero /
Catedrático de Hacienda Pública y economista

La distancia social y los confinamientos que esta pandemia ha hecho necesaria para reducir la extensión del virus, y que ha supuesto el cierre de escuelas, universidades, centros de ocio y cultura, oficinas y fábricas, va a suponer unos costes económicos importantes e inevitables cuando la salud de los ciudadanos es un elemento prioritario.
Las familias y las empresas van a necesitar un importante apoyo presupuestario, seguramente temporal pero de forma difícilmente cuantificable por ahora, con el fin de mantener estándares individuales de vida razonables y la supervivencia de empresas y negocios.

Existe un consenso general respecto a que nos enfrentamos a un tipo de crisis basada en shocks de oferta, sobrevenida de forma abrupta, por la decisión de los gobiernos de ordenar el cierre de los centros de actividad económica. En este contexto, las empresas han adoptado una actitud defensiva consistente en medidas tendentes a la reducción de costes, aplazamiento de pagos y recorte de inversiones. Se trataría, en última instancia, de evitar la destrucción de un stock de capital eficiente y que podría no estar disponible en el momento de la recuperación. No debemos olvidar que las empresas son las que van a garantizar una recuperación del nivel de producción, rentas y empleo, y un mantenimiento de los niveles de recaudación fiscal a medio plazo.

En este contexto, el Estado tiene un papel determinante para sustituir al sector privado, de forma temporal, gastando con criterio y proporcionando financiación suficiente. Se trataría de desarrollar un programa ambicioso y dimensionado de expansión monetaria y fiscal. Las economías desarrolladas pueden desplegar un amplio abanico de instrumentos presupuestarios y fiscales, así como facilidades de liquidez con el fin de sostener a la población y a las empresas ya que suelen disponer de un sistema desarrollado de intervenciones como, por ejemplo, la posible ampliación de los subsidios por desempleo, incluyendo a autónomos por cese de actividad, diferimiento de las obligaciones fiscales de forma general o sectorial, o complementos salariales a las empresas pequeñas y medianas, como es el caso español de los ERTES. Muchos trabajadores, pequeñas empresas y trabajadores autónomos van a sufrir serias dificultades para pagar sus facturas a proveedores, honrar deudas contraídas para financiar sus actividades o hacer frente a sus nóminas, poniendo en peligro los salarios de sus trabajadores. Por ello, resulta fundamental mantener los flujos monetarios de pagos entre todos los agentes económicos para que la economía nacional no pierda músculo.

A nivel familiar, en España, se está discutiendo la posibilidad de aplicar una renta básica universal a la que, de forma temporal y hasta su implementación definitiva de forma permanente, puedan acogerse colectivos vulnerables por razón de su situación especial tanto económica, falta de ingresos, como social, enfermedad, dependencia, etc., que beneficiaría a un millón de hogares con un coste estimado de 5.500 millones de euros. Esta dinámica presupuestaria de impulso fiscal va a provocar un efecto de difícil cuantificación, por el momento, sobre las cuentas públicas, aunque el Banco de España lo sitúa entre el 7 yel 11% del PIB, dependiendo de los escenarios de desconfinamiento. El gasto público va a crecer de forma significativa a través de expedientes extrapresupuestarios, mientras que la recaudación fiscal va a sufrir una caída de enorme cuantía ante la falta de una actividad que alimenta las bases imponibles de los impuestos fundamentales. El resultado final será un aumento de la Deuda Pública hasta niveles nunca conocidos y que el Banco de España cuantifica entre 110 y 120% del PIB en función de diferentes escenarios de salida. De ahí, la importancia que tiene una política monetaria heterodoxa del Banco Central Europeo consistente en compras masivas de deuda pública y privada, sin límites y en condiciones excepcionales, para mantener los tipos de interés lo más bajos posibles con el fin de no sobrecargar los gastos financieros de particulares y administraciones públicas y, al mismo tiempo, un compromiso de la UE para facilitar una financiación extraordinaria a través de fondos que mutualicen riesgos, una vez descartada la posibilidad de emitir coronabonos rechazada de plano por Alemania y Holanda, entre otros.

El relanzamiento económico será complicado y exigente. Existen serias dudas sobre cuestiones tan relevantes como la estructura de capital de las empresas, la política de inversiones, la reestructuración de líneas de producción por razones sanitarias, las incertidumbres sobre aprovisionamientos, el acceso a centros comerciales con limitaciones de aforo, etc. En definitiva, para muchas empresas la recuperación del pulso productivo puede ser enormemente exigente, a lo que se añaden las incertidumbres sobre la recuperación de la demanda y posibles cambios en los hábitos de consumo de la sociedad, que ya se comienzan a vislumbrar.