Francisco Javier Morales Hervás / Doctor en Historia
En 1843, el general Narváez, mediante un pronunciamiento militar, puso fin a la regencia de Espartero. Para evitar el retorno de María Cristina como regente, se proclamó a Isabel II mayor de edad con 13 años (1844) y asumía el trono de España, encargando la formación de gobierno a Narváez, el gran protagonista de la década.
La estabilidad política
Narváez estableció un sistema oligárquico, con escasa representatividad popular; antepuso la defensa del orden y de la propiedad frente a la libertad y los derechos individuales y colectivos. Presidió gobiernos autoritarios, que persiguieron cualquier acción u opinión que atentara contra las bases del régimen. Esto le granjeó el apoyo de la Corona, de gran parte del ejército y de las élites sociales.
Con el sufragio censitario y el control de la libertad de prensa se logró marginar a los progresistas. El pensamiento moderado consideraba que las reformas políticas y sociales en España ya estaban concluidas. Esta versión conservadora del liberalismo se conoce como liberalismo doctrinario y tuvo muchos defensores en toda Europa.
La Constitución de 1845
Se derogó la Constitución de 1837 y se redactó otra nueva en 1845 que recoge los principios del liberalismo doctrinario:
- Establece la soberanía compartida entre la Corona y las Cortes, que siguen siendo bicamerales, con la novedad de que los senadores son de designación real
- Amplia el poder del ejecutivo (gobierno), en perjuicio del legislativo (Cortes).
- Impone un sufragio censitario más restringido.
- Consolida el centralismo del Estado.
- Limita la convocatoria de Cortes exclusivamente al monarca.
- Somete a los ayuntamientos y diputaciones a la administración central
- Exclusividad de la religión católica y compromiso del Estado de mantener al clero para compensar a la Iglesia por la desamortización.
El control y la centralización de la Administración
La Ley de Organización y Atribuciones de los Ayuntamientos (1845), otorgaba a la Corona la designación de alcaldes en las capitales de provincia y cabezas de partido con más de 2000 habitantes. En el resto de los municipios los nombramientos dependían del gobernador civil. Se creaba una estructura jerarquizada de poder que favorecía la manipulación de los resultados electorales y la fabricación de mayorías parlamentarias falsas, antecedente del caciquismo de la época de la Restauración.
Se aprobó el Código Penal (1848) y se elaboró un proyecto de Código Civil, que recopilaba y racionalizaba el conjunto de leyes anterior. En 1844 se creó la Guardia Civil para proteger el orden público y la propiedad, sobre todo en las zonas rurales.
La reforma de la Hacienda
Tras la I Guerra Carlista, el déficit presupuestario exigía adoptar reformas. El ministro de Hacienda, Alejandro Mon, y su colaborador, Ramón Santillán, llevaron a cabo una importante reforma tributaria (Ley Mon-Santillán, 1845), que modernizó la Hacienda, simplificando los impuestos existentes y adaptándolos al nuevo Estado liberal. Se establecieron los principios de igualdad (nadie estaba exento de pagar impuestos) y proporcionalidad (cada contribuyente pagaba en función de sus rentas). Se combinaban impuestos directos e indirectos, especialmente los llamados «consumos», que se aplicaban a los artículos básicos de consumo y perjudicaban, sobre todo, a las clases populares y por ello su abolición fue reivindicada por los progresistas.
El acercamiento a la Iglesia católica
Los moderados restablecieron las relaciones con la Iglesia Católica, muy deterioradas por las reformas del período anterior (desamortización y abolición del diezmo). Se devolvió al clero secular una parte de sus bienes que no había encontrado comprador. La Iglesia española fijó su nueva organización en el Concordato de 1851, por el que el Estado se comprometía a reservar una parte de su presupuesto para hacer frente a los gastos eclesiásticos y compensar así a la Iglesia de la pérdida de bienes desamortizados y subastados. Se autorizaba a la Iglesia para intervenir en la enseñanza y se reconocía el matrimonio canónigo como único legítimo.
La oposición al gobierno y el fin de la década moderada
Ante el autoritarismo de los moderados, la oposición aumentó desde varias posiciones:
Los levantamientos carlistas se revitalizaron sobre todo en el Pirineo catalán. La II Guerra Carlista o Guerra de los Matiners (1846-1849) tuvo lugar fundamentalmente en Cataluña. Se produjo, al menos teóricamente, al fracasar los intentos de casar a Isabel II con el pretendiente carlista, Carlos Luis de Borbón..
A la oposición de los progresistas se unió el recién fundado Partido Demócrata (1849), partidario del sufragio universal, Cortes unicamerales, libertad religiosa y de asociación, reforma de los «consumos», instrucción primaria gratuita e intervención del Estado en las relaciones laborales. Esta oposición se radicalizó al final del gobierno de Bravo Murillo (1851-52) por su actitud represiva.
Algunos sectores moderados fueron avanzando hacia una opción más centrista (los puritanos), que sintonizaron muy bien con el ala derecha del Partido Progresista. Posteriormente formarán la Unión Liberal, cuyo líder será O´Donnell.
Los gobiernos de esta Década favorecieron turbios negocios en los que participaban políticos y personajes vinculados con el poder y, en ocasiones, con la familia real. Esta corrupción, la desintegración del partido moderado y el aumento del autoritarismo, alentó a los puritanos, a los progresistas y a los demócratas a unir sus fuerzas para llevar a cabo un pronunciamiento, protagonizado por el general O`Donnell en Vicálvaro (1854), que supuso el fin de la Década moderada y el inicio del Bienio Progresista.
Imagen superior: Retrato del militar y político español Ramón María Narváez (1800-1868), capitán general del ejército español, primer duque de Valencia, Grande de España y presidente del Consejo de Ministros de España en varias ocasiones durante el reinado de Isabel II. Wikipedia.
