Francisco Javier Morales Hervás / Doctor en Historia

El Bienio Progresista comenzó con la Vicalvarada (junio de 1854), que pretendía terminar con el autoritarismo y volver al espíritu de la Constitución de 1837. Los rebeldes publicaron el 7 de julio el “Manifiesto de Manzanares”, que reivindicaba la regeneración liberal. El manifiesto surtió efecto y la sublevación se extendió por las grandes ciudades, donde se formaron juntas revolucio­narias. El 26 de julio, Isabel II encargó formar gobierno a Espartero, que regresa del exilio.

Las primeras reformas fueron: restauración de la Constitución de 1837, de la Milicia Nacional y de la ley municipal progresista. El régimen de Espartero fue inestable y breve, no obstante, durante este Bienio se llevaron a cabo importantes actuaciones:

  • Se convocaron Cortes Constituyentes con una sola cámara, elegida con un censo electoral muy superior al anterior. En estas elecciones apareció la Unión Liberal, partido centrista, integrado por moderados aperturistas y progresistas cercanos al moderantismo, que no compartían la radicalidad de progresistas y demócratas.

 

  • La Constitución de 1856, llamada “non nata” porque no llegó a publicarse, recogía los principales postulados progresistas. Mante­nía 2 Cámaras, aunque ambas electivas, y la potestad legislativa compartida entre las Cortes y el rey. Afirmaba la soberanía nacional, ampliaba la lista de derechos y limitaba los poderes de la Corona y del gobierno. Entre las leyes complementarias que se aprobaron, aunque no llegaron a aplicarse, destaca la municipal, que eliminaba la intervención del gobierno en la designación de alcaldes.

 

  • Se aprobó la Ley de Desamortización General (Madoz, 1855), que declaraba la venta de toda clase de propiedades pertenecientes al Estado, a la Iglesia, los propios y los comunes de los Ayuntamientos y, en general, todos los bienes que permanecían amortizados. Esta medida permitió poner en cultivo tierras improductivas y los beneficios de la venta se destinaron a reducir la Deuda y subvencionar obras públicas. Pero esta desamorti­zación también empeoró las condiciones de vida de los jornaleros y agricultores que tenían pocas tierras.

 

  • Se reordenó la economía para consolidar un mercado nacio­nal e impulsar el crecimiento con normas como la Ley de Ferrocarriles (1855), que promovió la construcción ferroviaria, hasta entonces casi inexistente. Con la Ley de Sociedades Bancarias y Crediticias (1856), se creó el actual Banco de España y permitió la aparición de un sistema financiero moderno.

 

En el verano de 1856 la conflictividad social aumentó. La deuda impedía el pago regular al ejército y a los funcionarios y el pueblo protestó contra el impuesto de consumos y contra las quintas. El Gobierno perdió el apoyo de las Cortes y muchos diputados progresistas se pasaron a la Unión Liberal. La reina aceptó la dimisión de Espartero y encargó formar gobierno a O´Donnell, que restableció la Constitución de 1845, poniendo fin al Bienio Progresista e iniciando un período en el que se alternaron en el Gobierno los moderados de Narváez y la Unión Liberal de O’Donnell.

En octubre de 1856 O´Donnell fue sustituido en el gobierno por Narváez, quien volvió a una política moderada: suspendió la desamortización, anuló la libertad de imprenta y restableció el impuesto de consumos. Se aprobó la Ley de Instrucción Pública (Ley Moyano, 1857) que estableció el sistema educativo vigente hasta bien entrado el siglo XX. El talante represivo de Narváez acabó minando su apoyo en las Cortes y la reina volvió a llamar a O’Donnell.

El “gobierno largo” de la Unión liberal (1858-1863) logró cierta estabilidad política que coincidió con un período de prosperidad económica, que permitió disminuir la tensión social. O`Donnell emprendió una activa política exterior e intervino en conflictos internacionales (“guerras de prestigio”): Marruecos, México Conchinchina, Perú…, para recuperar prestigio y fomentar el nacionalismo en la opinión pública.

El desgaste de la Unión Liberal y un escándalo de su familia provocaron la dimisión de O’Donnell (1863), lo que supuso el retorno de Narváez con un gobierno más represivo, que abrió el proceso que acabó con la monarquía borbónica, proceso en el que fue decisiva la crisis económica.

Los primeros síntomas de la crisis se produjeron en 1864: el freno de las construcciones ferroviarias y de las inversiones extranjeras provocaron un aumento del paro y el descontento social. A ello se añadió el hundimiento de la Bolsa de Londres (crack europeo, 1866), lo que hizo caer a muchos bancos y provocó la ruina de muchos pequeños inversores. Esto agudizó el descontento político, ante la inoperancia y la actitud cada vez más autoritaria de los sucesivos gobiernos.

Entre las capas ilus­tradas crecía el Partido Demócrata y aparecía el republica­nismo, al tiempo que se creaban las primeras organizaciones obreras, se producían agitaciones entre el campesinado y aumentaban las protestas universitarias como la producida tras la destitución de los profesores republicanos Emilio Castelar y Sanz de Río, que fue duramente reprimida en la Noche de San Daniel (abril de 1865). Hubo nuevos pronunciamientos progresistas: Prim en Villarejo de Salvanés (enero de 1866), o los sargentos del cuartel de San Gil (junio de 1866), a los que siguió una durísima represión.

Un grupo de demócratas, progresistas y republicanos fir­maron el Pacto de Ostende (agosto de 1866) para destronar a Isabel II y convocar Cortes Constituyentes por sufragio universal. En 1867, tras la muerte de O’Donnell, la Unión Liberal se sumó al pacto, completando la coalición de fuerzas que protagonizó la Revolución de 1868 y obligó a Isabel II a marchar al exilio.

Imagen superior: Retrato del militar y político español Baldomero Espartero (1793-1879), que ostentó los títulos de príncipe de Vergara, duque de la Victoria, duque de Morella, conde de Luchana y vizconde de Banderas y llegó a ser regente de España, presidente del Consejo de Ministros y virrey de Navarra, entre otros muchos cargos. Wikipedia