César Vacchiano / Ingeniero y analista

Cuando va a cumplirse el primer año desde el comienzo de la agresión rusa a Ucrania, que ha desatado una crisis energética sin precedentes en el continente, empiezan a vislumbrarse los primeros efectos de las decisiones adoptadas en el plano político que tienen su preocupación en las opciones europeas para superar la crisis derivada de las reacciones a la invasión.

La elevada dependencia energética europea de los suministros rusos, principalmente de gas, pero también de crudo petrolífero, fue una consecuencia directa de la candidez de Angela Merkel, entregada con su predecesor el canciller Schroeder a las ofertas de Putin, que crearon una verdadera cautividad energética de Alemania. Además, la cobardía del gobierno alemán tras Fukushima al asumir la petición de los “verdes” planificando el cierre de las centrales nucleares, incrementó la dependencia germana hasta niveles superiores al 70% para los suministros exteriores, eso sí, a precios muy favorables para la industria.

La UE, sometida a una prueba de solidaridad interna sin precedentes, reaccionó con medidas progresivas que han tratado de presionar a Rusia –sin éxito– a la vez que procuraba una vinculación de los suministros necesarios de otros proveedores. Ello provocó inicialmente resistencias de la propia Alemania que no ha tenido más remedio que buscar alternativas de suministro tendentes a reducir las obligaciones de pago a Rusia que llegaron a superar los 500 millones de euros diarios. Los hechos se concretan en una recomendación intensa del gobierno para reducir el consumo de gas y electricidad, con mayores inversiones para generar electricidad eólica y fotovoltaica, continuidad operativa de sus centrales nucleares –paradójicamente a instancias de los “verdes” ahora en el Gobierno–, recuperación de la minería del carbón para alimentar centrales eléctricas antes paradas y nuevos acuerdos para obtener gas de Noruega y gas licuado en buques metaneros.

Las reducciones alemanas han permitido avanzar en nuevas sanciones a Rusia mientras que los países más consumidores de la UE avanzan en su propia independencia energética, con algunas excepciones. El apoyo de EE. UU. con mayores suministros de gas licuado y algún intento para reducir el precio del crudo, mediante pactos de producción con Arabia Saudí, no han tenido un efecto significativo porque China sigue siendo un gran consumidor –que compra ahora gas a Rusia en condiciones ventajosas– y cuya demanda está condicionada por su actividad industrial.

El Reino Unido no padece carestía significativa, el conjunto de los países nórdicos es autosuficiente en gas; Francia padece una crisis de generación eléctrica al estar 26 de sus 56 reactores en parada de mantenimiento; Italia -que es extraordinariamente dependiente del suministro externo de gas– ha conseguido mayores suministros de Argelia y Qatar, planificando además un futuro de vínculos con Argelia que eliminaran la dependencia de Rusia y sólo España, paradójicamente, ha aumentado las compras a Putin.

Todos los países de la UE han orientado sus políticas sobre energía en tres direcciones compatibles con los acuerdos sobre descarbonización: optimizar los consumos con eficiencias, incrementar el parque de generación eléctrica renovable y conseguir suministros de combustibles orgánicos ajenos a Rusia. Las reticencias son mínimas y los efectos a medio plazo sobre la economía rusa se dejarán sentir.

En este panorama quedan abiertas algunas decisiones que se han presentado como solución y son, de momento, solo un parche. El tope a los precios del gas empleado en la generación de los ciclos combinados es un paliativo para los precios de la electricidad, pero la diferencia con el coste real del gas hay que pagarla en diferido; nadie nos ha dicho si Francia o Marruecos, que se benefician de nuestros mejores precios, contribuirán a pagar el déficit ahora generado. El aireado “hidrógeno verde” con su conducto ibérico que unirá Barcelona y Marsella para continuar por la ribera del Ródano hasta Alemania, exige excedentes de electricidad sostenibles que, de momento, no estamos en condiciones de ofrecer. Los planes de generación fotovoltaica encuentran obstáculos burocráticos en las autonomías y su posible conectividad problemática a las redes en el futuro. Por si fuera poco, los automóviles eléctricos derrapan en España por falta de una red convincente de puntos de recarga, su autonomía es factor de disuasión y el reciclaje de las baterías puede ser un problema superior al de los neumáticos.

Demasiada palabrería ha contaminado un asunto muy serio para nuestra economía, nos jugamos mucho como para ser pioneros en decisiones críticas –como abolir los vehículos diésel en fecha fija– ojalá se pueda reflexionar sobre ello sin nuevos traumas como el de las subvenciones del presidente Zapatero a las renovables, que aún colean en los tribunales internacionales de justicia.
(Para más información, Bajalica Green Planet SL. Defensa del Medio Ambiente Tel.: 91 856 01 77, bajalica@bajalica.es, www.bajalica.es)