La Comunidad de Madrid destinará a lo largo de este año y de 2019 un total de 140 millones para financiar acciones de formación que conduzcan a la obtención de certificados de profesionalidad, títulos oficiales que acreditan la capacitación para desarrollar una actividad laboral y cualifican para el acceso al mercado laboral. Un total de 60.000 desempleados madrileños se podrán beneficiar de esta iniciativa del Gobierno regional.

Los cursos están dirigidos a trabajadores prioritariamente desempleados y, dentro de este colectivo, tendrán preferencia las mujeres, los jóvenes menores de 30 años, las personas con discapacidad, los desempleados de larga duración, los mayores de 45 años y las personas en riesgo de exclusión social.

Mejorar la cualificación de los trabajadores madrileños es uno de los objetivos prioritarios de la ‘Estrategia Madrid por el Empleo’. De hecho, a lo largo de este año está previsto que se realicen un total de 2.000 acciones formativas para 30.000 beneficiarios potenciales.

Prioridad a idiomas y tecnologías
Dentro de las acciones formativas destacan las encaminadas a obtener los certificados de profesionalidad. Se dará prioridad, entre otras, a la formación en el ámbito de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y a la formación en idiomas, de acuerdo a las necesidades establecidas por la estructura productiva de la Comunidad de Madrid, en áreas tan diversas como la administración y la gestión, comercio y marketing, eficiencia energética y servicios socioculturales, entre muchas otras.

Para atender las necesidades territoriales de formación, se mantendrá la colaboración entre la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos de la región de cara a la importación de acciones formativas de certificados de profesionalidad que beneficien a los vecinos de sus municipios.

Más centros ofertando formación
Los potenciales beneficiarios de estas ayudas son las entidades de formación, ya sean públicas o privadas, acreditadas para impartir las especialidades del certificado profesional solicitadas.

La convocatoria de ayudas establece un máximo de 450.000 euros por centro de formación y 1.200.000 euros para un mismo titular, para evitar así la excesiva concentración de oferta en unos pocos centros.

Con estos fondos, los centros y entidades formativas podrán afrontar los costes de la retribución de formadores, la amortización de equipos y plataformas, el material didáctico, el alquiler de aulas, el seguro, o la publicidad y difusión.